Nos embarcamos esta semana en nuestro papel como servidores públicos y las acciones que podríamos tomar para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
Como comenté en anteriores artículos, el ámbito penitenciario, como institución total, muestra unas características muy complejas y marcadas, dando lugar a una microsociedad dentro de las mismas.
En no pocas ocasiones, las mujeres privadas de libertad, sufren por así decirlo, una "doble condena", ya que debido su escaso número, no pueden ser distribuidas en los centros penitenciarios según su tipología delictiva, o sus programas de intervención, dando lugar a que en la mayoría de los casos, convivan todas juntas y se les aplique un tratamiento generalizado y poco específico, quebrantando en parte,su derecho a la reeducación y reinserción social marcado como fin de las penas privativas de libertad.
Diversificar y ampliar el catálogo de puestos de trabajo que puedan realizar en los centros, fomentar la formación en ámbitos diferentes a los que históricamente han realizado las mujeres o activar mecanismos de relación con el mundo exterior que den autonomía y las empoderen, para cuando salgan en libertad, cuenten con un amplio catálogo de habilidades que facilite el desarrollo personal, social y laboral en el exterior.
Tarea complicada, no cabe duda, dada la poca importancia y visibilidad que históricamente han tenido los penales para el resto de la sociedad, pero necesario si queremos que estas mujeres puedan estar en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.
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